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En los años 80, Colombia asumió las posiciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual tenía una marcada orientación Keynesiana en donde se empezaba a profesar la liberación económica a través de la integración, pero sujeta a una fuerte supervisión por parte de los Estados. Predominaba entonces una perspectiva proteccionista.
A partir de los años 90, la política económica y de comercio exterior del país tuvo un cambio notorio. Se siguieron las políticas de corte neoliberal –lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido, en especial por sus primeros mandatarios, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente– y se dio inicio a la apertura económica. Esta fue acompañada por una serie de transformaciones en las estructuras de algunas entidades; por ejemplo, se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales con la Dirección de Aduanas Nacionales para constituir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). También se crearon el Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex y Proexport (hoy ProColombia).
Esta apertura económica significó un gran adelanto en la forma como se consideraba el comercio exterior. Aunque pudo planificarse mejor para minimizar el impacto desfavorable en algunos sectores, sí consiguió que las empresas modernizaran sus estructuras, renovaran sus maquinarias y pensaran en el consumidor. La competencia que ingresó al país fue tan fuerte, gracias a la disminución en los aranceles, que las empresas tuvieron que despertar de su letargo y conformismo.
En realidad, en un país pequeño un arancel hace ineficientes a los consumidores y productores; a los primeros, porque no tienen productos con que comparar, y a los segundos, porque al no haber competencia no les interesa innovar, hacer reingeniería, planes de mejora ni procesos de calidad.
Numerosas críticas a esta apertura ocasionaron un estancamiento. Pero a comienzos del nuevo milenio, los tratados de libre comercio adquirieron protagonismo y no solo se contemplaron con los países de Latinoamérica, sino también con los desarrollados. De esta manera, se fueron estableciendo negociaciones comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, con los países del EFTA, Corea del Sur, Israel, Turquía y Japón.
Esta internacionalización brindó nuevas oportunidades a los exportadores nacionales, dio vía libre a la inversión extranjera, la cual incentivó la generación de empleo y las importaciones de las materias primas vitales para desarrollar la propia industria.
El Estado dejó de intervenir en todos los sectores económicos y se concentró en la realización de las labores del poder ejecutivo. Sin embargo, algunos sectores siguieron dominados por el gobierno de turno, debido a situaciones de conveniencia y burocracia.
No obstante, la logística y la infraestructura nunca se abordaron con seriedad y planeación. Colombia permaneció de espaldas a la modernización de sus vías y al crecimiento ordenado y planificado de sus ciudades.
Solo el sector portuario ha tenido un desarrollo notable. Fue un gran acierto dejar la administración de los puertos a los inversionistas privados, pues sus altos estándares de calidad y eficiencia han logrado reconocimientos internacionales muy importantes.
En cambio, el aprovechamiento del río Magdalena ha sido prácticamente nulo. Se ha dejado de lado el desarrollo de esta arteria fluvial como ruta de transporte alterno para llevar las mercancías desde los puertos marítimos hasta el interior del país. De igual forma, el sistema ferroviario nacional ha sido muy pobre. Más allá de unas líneas para transportar carbón y de algunos intentos en Buenaventura, no ha existido una política integral que conlleve a un desarrollo sostenible.
RETOS EN COMERCIO EXTERIOR Y LOGÍSTICA
Hoy, Colombia enfrenta muchos retos en materia de comercio exterior y logística, uno de ellos es la adopción del acuerdo de Bali de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la facilitación del comercio y eliminación de barreras, el cual se encuentra en concordancia con el Convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Además, el país tiene el interés de ser admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para esto, Colombia debe expedir un nuevo estatuto aduanero, el cual se encuentra en desarrollo desde hace más de 5 años, donde prime la agilización de los procesos de desaduanamiento y el régimen sancionatorio no sea tan formalista; donde los operadores de comercio exterior puedan actuar directamente, lo que traerá como consecuencia agentes de aduana más profesionales y competitivos, generadores de valores agregados y verdaderos aliados estratégicos en la cadena logística. Sin duda, esta competencia sana redundará en un mejor servicio hacia los clientes y en una evolución de la logística y del comercio exterior del país.